Resumen: La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador de instancia, la cual debe prevalecer sobre el parecer de las partes si no infringe los criterios del artículo 97 LRJS. El fraude de ley no se presume y quien alega el fraude de ley habrá de demostrar, inequívocamente, la existencia de discordancia entre el fin del acto jurídico y el de la norma, poniendo de manifiesto un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, sin que pueda imponerse al beneficiario la carga de acreditar el carácter no fraudulento de su forma de actuar. El recurrente alude al fraude de ley porque considera que el trabajador forzó la situación para que se procediera al despido, pero el Juzgado entiende que no se acredita la situación de connivencia entre el trabajador y el empresario, y por tanto no hay fraude de ley.
Resumen: Trabajadora afectada por ERTE COVID durante diversos periodos de tiempo, parte de los cuales han sido coincidentes con el desempeño de actividad por cuenta propia, y la percepción de la prestación por cese de actividad, impugna la resolución denegatoria de la prestación de desempleo solicitada tras ser concernida nuevamente por la prórroga de la medida de flsxibilidad interna. La instancia desestima la demanda. La Sala de lo Social rechaza tres revisiones fácticas y revoca la decisión del Juzgado, aegumentando que,en el momento en que la demandante fue incluida en el expediente y se solicitaron las prestaciones por la empresa ya no realizaba ninguna actividad por cuenta propia incompatible con el desempleo, sino que percibía la prestación por cese de actividad, y, al tiempo de la solicitud denegada en vía administrativa, tampoco estaba en alta en el RETA.
Resumen: Beneficiario de prestación de desempleo impugna la resolución denegatoria de la solicitud de capitalización formulada antes de dictarse sentencia calificando la medida extintiva como procedente. El Juzgado estima la demanda, con criterio confirmado en suplicación, basándose en que, a pesar de que la solicitud de pago único formalmente se efectuó antes de calificarse judicialmente el despido, materialmente, se ha cumplido la finalidad de la norma, que debe interpretarse conforme a un criterio teleológico, al haberse dictado la resolución del SPEE, y abonado la prestación capitalizada, después de haberse resuelto de manera definitiva el procedimiento de despido.
Resumen: En paralelo con la tramitación por la EMPRESA TECNICA DE GESTION DEPORTIVA EMTESPORT, adjudicataria de la contrata del Servicio de Deportes de la Universidad Autónoma de Madrid en Cantoblanco (Madrid), de un ERTE por fuerza mayor en ese centro con motivo del estado de alarma provocado por la pandemia, la empresa acordó verbalmente con el Sindicato demandante el abono a los trabajadores afectos por el mismo complementar las prestaciones por desempleo hasta un 85% de la base reguladora. La Sala indica que no acredita que se vulnerara una condición suspensiva propia de las obligaciones condicionales porque no aprecia que la obligación adquirida tuviese naturaleza condicional y que el recurso parte de unos hechos que no refleja el relato fáctico.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia estima el recurso de la demandante, persona afiliada al régimen especial de las trabajadoras de hogar, que recurre la decisión del Juzgado de confirmar la denegación del subsidio por desempleo que el Servicio Público de Empleo Estatal acordó al solicitarse antes de la entrada en vigor de la normativa interna que ha permitido el acceso a tal prestación en nuestro derecho interno, habiendo también significado como causa denegatoria la ausencia de cotizaciones suficientes al efecto. La Sala considera que esa ausencia de prestación era contraria a la normativa comunitaria y por ello, es ineficaz el argumento de que el hecho causante de la prestación era anterior a la entrada en vigor de la nueva normativa interna que da acceso a tal prestación (9 de septiembre de 2022). Por lo mismo deviene ineficaz el argumento de falta de cotizaciones, pues en aquellos periodos previos no se admitía la cotización para la contingencia de desempleo en tal régimen especial. La Sala recuerda la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretando la Directiva pertinente y la doctrina judicial que impone interpretar las normas considerando la perspectiva de género y considera que, dadas las circunstancias, el importe y duración de la prestación deberá diferirse a un cálculo actual considerando la normativa transitoria fijada en el Estatuto de los Trabajadores con aquella reforma del año 2022.
Resumen: Trabajador que, tras haberse dictado sentencia declarando la improcedencia de su despido, ve extinguida la relación laboral por Auto dictado en incidente de no readmisión, impugna la resolución administrativa reconociendo la prestación de desempleo deduciendo del número de días de derecho los correspondientes al periodo de devengo de salarios de tramitación. La instancia estima la demanda, con criterio confirmado en suplicación, razonando al efecto que cuando, como ocurre en el caso enjuiciado, los salarios de tramitación no han sido satisfechos por la empresa ni el organismo autónomo, el periodo de su devengo no tiene incidencia en la minoración de la duración del derecho a la prestación de desempleo.
Resumen: Beneficiario de renta activa de inserción impugna resolución administrativa que decreta su extinción por sanción, y la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas, por haberse ausentado a su país de origen durante un periodo superior a 90 días sin comunicarlo al SPEE. El Juzgado estima la demanda. La Sala de lo Social revoca dicha resolución, considerando que, a pesar de padecer una patología psiquiátrica, no consta que la misma estuviera consolidada antes de la salida al extranjero y fuera de tal entidad que impidiese su conexión con el mercado laboral, ni que el fallecimiento de su madre fuese el detonante del viaje a su país natal, o se erigiera en causa del retraso del regreso a España, y tampoco se intentó la comunicación tras la vuelta.
Resumen: Personal a tiempo parcial con prestación de servicios concentrada en periodos de actividad, junto a periodos de inactividad, si bien la cotización comprende los 365 días. La empresa obtuvo dos periodos de suspensión ERTE Covid incluyendo en ellos a aquellos trabajadores durante los días en los que tenían prestación de servicios concentrada. La Audiencia Nacional dictó sentencia firme declarando la nulidad de la decisión empresarial de excluir de la relación de trabajadores afectados por el ERTE FM a los TCP contratados a tiempo parcial con jornada concentrada que a la fecha de aplicación de las suspensiones de contratos no estuvieran prestando servicios efectivos , al tener derecho a su inclusión como afectados por el citado ERTE con efectos de 1-4-2020 y hasta que finalice su vigencia. La empresa cumplió la sentencia incluyendo a los trabajadores en el ERTE COVID que pasaron a percibir las prestaciones por desempleo. El SEPE revisó estas prestaciones denegándola en los periodos de inactividad. No hay cosa juzgada. No puede considerarse que en los períodos de inactividad estos trabajadores se encuentren en situación de desempleo y no procede prestación por desempleo.
Resumen: Personal a tiempo parcial con prestación de servicios concentrada en periodos de actividad, junto a periodos de inactividad, si bien la cotización comprende los 365 días. La empresa obtuvo dos periodos de suspensión ERTE Covid incluyendo en ellos a aquellos trabajadores durante los días en los que tenían prestación de servicios concentrada. La Audiencia Nacional dictó sentencia firme declarando la nulidad de la decisión empresarial de excluir de la relación de trabajadores afectados por el ERTE FM a los TCP contratados a tiempo parcial con jornada concentrada que a la fecha de aplicación de las suspensiones de contratos no estuvieran prestando servicios efectivos , al tener derecho a su inclusión como afectados por el citado ERTE con efectos de 1-4-2020 y hasta que finalice su vigencia. La empresa cumplió la sentencia incluyendo a los trabajadores en el ERTE COVID que pasaron a percibir las prestaciones por desempleo. El SEPE revisó estas prestaciones denegándola en los periodos de inactividad, lo que debe revocarse porque se consideran cotizados los 365 días del año siendo irrelevante a efectos de la acción protectora de la seguridad social la forma en la que el trabajador preste sus servicios, siendo indiferente que se reduzca la jornada diaria o que se concentre, como en este caso, en determinados periodos de actividad y de inactividad.
Resumen: Beneficiario de prestación de desempleo, que se ausentó de España para visitar a su madre afectada de una enfermedad crónica descompensada del 18/03/21 al 23/03/22, impugna la resolución administrativa que acuerda la extinción por sanción y el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. La instancia desestima la demanda. La sentencia comentada accede a una revisión fáctica y confirma la decisión del Juzgado considerando que, concurren todos los elementos del tipo infractor, ya que el demandante salió al extranjero durante más de 90 días sin comunicarlo al SPEE, no constando causa que lo hubiera impedido, y, no obstante las restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria, al ser residente en España, ningún obstáculo legal tenía para regresar a territorio nacional.
